Artur Mas y Oriol Pujol, en la última ejecutiva de CDC
La consultora Alta Partners intermediaba las operaciones, de las que se habría beneficiado la esposa del secretario general de CDC.
El secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol Ferrusola, y su mujer, Anna Vidal Maragall, habrían percibido diferentes cantidades por facilitar la salida de varias multinacionales japonesas de Catatalunya en los últimos años. Concretamente: Sony, Yamaha y Sharp. Siempre intermediaba la operación el despacho de consultoría Alta Partners, dirigido por uno de los amigos del círculo íntimo de Pujol, Sergio Alsina.
Además de su estrecha relación personal, la esposa del secretario general de CDC prestaba servicios profesionales para Alta Partners. Esa relación estaba remunerada, según muestra el sumario del caso ITV. En total, la consultora de Alsina con sede en la avenida Diagonal de Barcelona habría percibido entre seis o siete millones de euros por todas estas operaciones, tal y como revela el diario El Mundo este miércoles, que cita nuevas investigaciones policiales sobre el caso de presunta corrupción. Parte de esos honorarios habrían revertido directamente en el matrimonio Pujol-Vidal.
Protección del poder político catalán
De acuerdo con ese relato, el papel de Alta Partners era el de buscar empresas catalanas que se quedaran con los activos de las multinacionales japonesas. Si se hacia el traspaso, se intentaban suavizar las trabas administrativas que conllevaba la desinversión de un grupo internacional. Sobre todo por los peajes económicos que deberían pagar, tanto por el marco jurídico de la ley española (que no es de las más proteccionistas de la zona euro) como por los conflictos laborales con los que deberían lidiar. Estas operaciones se realizaron antes de la aprobación de las últimas reformas laborales.
Las cúpulas empresariales escogían a Alta Partners “para garantizar la aprobación del proyecto por parte de la Generalitat, ya sea la venta de la empresa a aun tercero o el ERE en su caso”, según las fuentes policiales que se citan en el diario que dirige Pedro J. Ramírez.
Gobiernos 'amigos'
La primera transacción, la desinversión de Sony y la asunción de sus activos por Ficosa y Comsa-Emte se cerró en las postrimerías del gobierno tripartito que presidía José Montilla. El objetivo de la multinacional catalana de componentes de la automoción dirigida por Xavier Pujol (sin ningún lazo familiar con el ex presidente de la Generalitat) era aprovechar las instalaciones y el personal de la factoría de Viladecavalls (Barcelona) para organizar una nueva compañía de inspección técnica de vehículos (ITV) y certificación de edificios. De hecho, el caso ITV que investiga el juzgado de Instrucción 9 de la capital catalana parte de aquí.
La venta de Yamaha al Grupo Sesé, una compañía logística de Aragón, y la cesión del centro de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a la multinacional catalana del juego Cirsa son dos transacciones que ya se formalizaron con Artur Mas en la presidencia de la Generalitat y Francesc Xavier Mena en la conselleria de Empresa i Ocupació.
Además de su estrecha relación personal, la esposa del secretario general de CDC prestaba servicios profesionales para Alta Partners. Esa relación estaba remunerada, según muestra el sumario del caso ITV. En total, la consultora de Alsina con sede en la avenida Diagonal de Barcelona habría percibido entre seis o siete millones de euros por todas estas operaciones, tal y como revela el diario El Mundo este miércoles, que cita nuevas investigaciones policiales sobre el caso de presunta corrupción. Parte de esos honorarios habrían revertido directamente en el matrimonio Pujol-Vidal.
Protección del poder político catalán
De acuerdo con ese relato, el papel de Alta Partners era el de buscar empresas catalanas que se quedaran con los activos de las multinacionales japonesas. Si se hacia el traspaso, se intentaban suavizar las trabas administrativas que conllevaba la desinversión de un grupo internacional. Sobre todo por los peajes económicos que deberían pagar, tanto por el marco jurídico de la ley española (que no es de las más proteccionistas de la zona euro) como por los conflictos laborales con los que deberían lidiar. Estas operaciones se realizaron antes de la aprobación de las últimas reformas laborales.
Las cúpulas empresariales escogían a Alta Partners “para garantizar la aprobación del proyecto por parte de la Generalitat, ya sea la venta de la empresa a aun tercero o el ERE en su caso”, según las fuentes policiales que se citan en el diario que dirige Pedro J. Ramírez.
Gobiernos 'amigos'
La primera transacción, la desinversión de Sony y la asunción de sus activos por Ficosa y Comsa-Emte se cerró en las postrimerías del gobierno tripartito que presidía José Montilla. El objetivo de la multinacional catalana de componentes de la automoción dirigida por Xavier Pujol (sin ningún lazo familiar con el ex presidente de la Generalitat) era aprovechar las instalaciones y el personal de la factoría de Viladecavalls (Barcelona) para organizar una nueva compañía de inspección técnica de vehículos (ITV) y certificación de edificios. De hecho, el caso ITV que investiga el juzgado de Instrucción 9 de la capital catalana parte de aquí.
La venta de Yamaha al Grupo Sesé, una compañía logística de Aragón, y la cesión del centro de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a la multinacional catalana del juego Cirsa son dos transacciones que ya se formalizaron con Artur Mas en la presidencia de la Generalitat y Francesc Xavier Mena en la conselleria de Empresa i Ocupació.
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